Pese a que el gobierno español ha obligado a la realización de certificado energético a todas aquellas viviendas que se quieran vender o alquilar, el pasado 16 de enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una sanción de costas al Reino de España por incumplimiento de Estado a la Directiva Europea 2002/91/CE. Por no adoptar las medidas necesarias para cumplir con los artículos 3, 7 y 8 de esta ley, referentes a la eficiencia energética y certificación energética.
Para comprender cómo hemos llegado a esta situación en nuestro país, es necesario retroceder más de 10 años en el tiempo.
A finales del año 2002, se acordó esta nueva Directiva Europea en materia de Eficiencia energética y emisiones de C02, en consonancia a las directrices adoptadas años atrás en el Protocolo de Kyoto (1997). Aunque que en España no se adoptaron medidas hasta el 2007 con la implantacion del CTE (Codigo Técnico de Edificación)
Los principales objetivos que se reflejaban en esta directiva eran los siguientes:
- Requisitos de uso de la energía en edificios nuevos y mejoras de los ya construidos (transcrita en la legislación española en el documento del CTE, DB-HE: Ahorro energético)
- Inspección de los sistemas climáticos medios y grandes (en España se transcribió en el documento oficial RITE, Reglamento de las Instalaciones Técnicas en los Edificios)
- Metodología de cálculo de la eficiencia energética o certificado energético de edificios (se creó el RD 47/2007, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.)
Esta ley ha sido modificada por el Parlamento Europeo con la Directiva 2010/31/UE. Posteriormente transcrita en España con el RD 235/2013, añadiendo un Procedimiento básico en la Certificación Energética de edificios y teniendo en consideración la experiencia obtenida durante los últimos 5 años.
Sobre el papel todo parece correcto, pues se trata de una directiva europea que adoptan todos los estados miembros y que tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética de dichos países, así como la de reducir las emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero.
Pero la realidad es bien distinta en nuestro país. Como bien sabemos, nos encontramos en una crisis precedida de varios años de bonanza alentados por la famosa burbuja inmobiliaria. Pues bien, durante estos últimos 10 años, en los que hemos construido más viviendas en España que en Italia, Alemania y Francia juntas; no se han seguido en ningún momento estas directrices, es decir, no se han tenido en cuenta ninguno de los requisitos propios de la certificación energética, (como podrían ser, por ejemplo, la orientación de las viviendas o el uso de materiales aislantes adecuados). Primó el beneficio de promotoras y constructoras sobre la eficiencia energética y energías renovables, que por supuesto salían muy caras. Todo ello dio lugar al desalentador paisaje urbanístico que nos encontramos en esta época de crisis: más del 80% de las viviendas españolas tienen una calificación en eficiencia energética E o inferior; un porcentaje que se encuentra muy lejos tanto de la situación de nuestros vecinos europeos, como de los propósitos en eficiencia de la Unión para 2020.
Una vez analizada la situación en que nos encontramos y cómo hemos llegado hasta ella, no nos puede parecer extraña la sentencia recibida desde Europa, por incumplimiento y que puede suponer un pago de hasta 2 millones de Euros (que da para pagar gran parte del precio de los certtificados energéticos que son necesarios a día de hoy).
En España, en lugar de promover y desarrollar técnicas sostenibles y energías renovables (nuestra climatología es idónea para su instauración), para minimizar el consumo de energía, seguimos importando casi la totalidad de la energía que consumimos del petróleo y del gas natural, y pese a las nuevas directivas no parece que esto vaya a cambiar.
Hemos pasado de ser de media más eficientes energéticamente que los países de la UE15 en 1991, a hallarnos incluso por debajo de la media de los de la UE28 veinte años después. Así pues que nuestras casas no sean eficientes, que nuestro certificado energético no tenga una buena letra, una vez más se debe a la pesima gestión llevada a cabo por los que nos llevan gobernando desde que hay democracia.
